APUNTE Los casinos en México: Complicidad oficial

APUNTE Los casinos en México: Complicidad oficial

 

Culiacán de los retenes y los topes, Sinaloa.- Desde principios de los noventa, cuando los dueños de las casas de juegos -que antecedieron a los actuales casinos- empezaron a reclamar estatuto legal, se planteó la necesidad de abrir un debate nacional al respecto. Ya operaban palenques, apuestas en carreras de caballos y se autorizaban juegos de azar en las ferias regionales, además de las loterías.

 

Hacia 1995, el tema de los casinos alcanzó la tribuna del Congreso de la Unión, pero fue hasta 1999 (el 26 de febrero) que 58 diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI suscribieron una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Unos días después, el 3 de marzo de 1999, se presentó ante la Comisión Permanente la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos, suscrita por diputados federales de distintos grupos parlamentarios, que fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Turismo de la Cámara de Diputados. 

A los hechos consumados 

En noviembre de 1999, se daba por hecho la instalación de casinos en México. La comisión de la Cámara de Diputados conformada para estudiar el asunto, donde participaban representantes del PRI, PAN y PRD, tenía listo el dictamen favorable.
Se dice que los casinos aumentan la delincuencia y la violenSinaloa no estaba en la relación inicial de entidades donde funcionarían los casinos, pero se sabía que empresarios mazatlecos, con el apoyo del gobierno del estado, según versiones, realizaban gestiones para que se incluyera.
Por esas fechas advertimos que los casinos se instalarían poco a poco pero de manera efectiva, al margen incluso de las leyes que al respecto se proponían. Lo que sucedió, en efecto.
Dijimos que la discusión sería parcelada y no llegaría al conjunto de la ciudadanía, sencillamente porque no convenía a los promotores de casinos desde el gobierno y el Congreso. Y eso fue lo que pasó.
El 13 de diciembre de 2002, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública emitió dictamen sobre el Proyecto de Decreto de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos.
En ese dictamen se reconocía que el debate sobre la regulación de los casinos seguía inconcluso. 

Los argumentos en contra 

En la LVIII Legislatura federal (septiembre de 2000-agosto 2003) algunos diputados perredistas se manifestaron en contra de la instalación de casinos. Coincidiendo con estudiosos y analistas, señalaron:
-Los casinos no representan un factor de atracción del turismo en nuestro país, que se ha desarrollado sin necesidad de ellos (Cancún era el principal destino turístico nacional y no tenía casinos, aunque ahora los tiene).
-No es cierto que los casinos detonen el turismo extranjero. Hay muchos turistas extranjeros que hacen vacaciones de tipo familiar y no buscan casinos. Es más, los eluden en sus viajes porque las ciudades que los tienen muestran mayores tasas de criminalidad.
-Está demostrado con estadísticas serias que donde hay casinos la tasa de criminalidad se incrementa, principalmente en el robo de vehículos, los asaltos a mano armada y las violaciones.
-Esos negocios (en los lugares de mayor poder económico) son prácticamente monopolios de las trasnacionales, empresas que cuentan con las condiciones y la infraestructura necesaria para operarlos.
-Los casinos explotarán un mercado, no de turistas extranjeros que estén visitando México, sino de consumidores o usuarios nacionales (lo que ya es un hecho).
-Tampoco representarán un ingreso de divisas ni un impacto benéfico para el desarrollo económico del país.
Esos argumentos, entre otros, no fueron tomados en consideración y los efectos negativos que se advirtieron están hoy presentes y se agudizan. 

¿Un servicio turístico? 

Juan José Rojas Cardona, el rey de los casinos.

Juan José Rojas Cardona, el rey de los casinos.

Como fuera, el 29 de abril de 2004 se presentó la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, que reformaba y adicionaba diversas leyes fiscales, suscrita por diputados del PRI, PVEM, PT y 36 integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Esa iniciativa se orientó a legalizar los casinos “como un servicio turístico que amplíe el menú de opciones, pero que de ninguna manera constituya la oferta turística central que el país pudiera ofrecer a sus visitantes extranjeros”.
En unos pocos años quedó claro que el argumento de las “opciones turísticas” carecía de base y que la población local en los lugares donde se instalaron casinos se convirtió en la clientela principal, dañando gravemente a las economías familiares.
Se propuso también que la instalación de los casinos no fuera generalizada en el territorio nacional y que sólo se otorgaran permisos si se contribuía “a una mayor captación de turistas, principalmente de origen extranjero”.
Además, que “a fin de evitar o atenuar los inconvenientes de carácter social, moral, de salud y seguridad pública, financieros y de cualquier otra índole, la Comisión debería evitar la proliferación indiscriminada de dichos establecimientos”.
Pero lo que vemos en la actualidad es precisamente la proliferación de casinos, en todas partes del país donde haya dinero circulante, y eso de la “captación de turistas” es una verdadera falacia. 

Mercaderes de la adicción 

En el curso de la discusión que no se agotó, algunos legisladores opinaron que no se debía “fomentar una actividad que busca lucrar con la promoción masiva y la agudización de una enfermedad mental incurable, en beneficio de unos cuantos mercaderes de la adicción”.
Eso atentaría, se dijo, contra el derecho a la salud consagrado en la Constitución y sería incongruente con los esfuerzos que el Estado mexicano realiza en contra de las adicciones.
casinosEn México se gastan miles de millones de pesos cada año, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), y “es una incoherencia absoluta incentivar la adicción al juego mientras que, supuestamente, se combate las adicciones”, dijeron.
Los casinos y salas de juego “son el lugar ideal para la manifestación de la ludopatía”, que la Organización Mundial de la Salud considera  una enfermedad.
El juego en casinos es una adicción que conlleva dependencia sicológica que puede, en casos extremos, degenerar en dependencia física. Al legalizarse la operación de casinos, la adicción al juego en casinos se puso al alcance de cualquiera que manejara recursos, incluso para la subsistencia familiar.
Paralelamente, las casas de empeño comenzaron a proliferar en las ciudades con casinos. A ellas acuden cada vez más amas de casa y jefes de familia que dejan sus recursos familiares en el juego. El empeño de autos, y hasta de casas, que hace unos años era excepcional, ahora es muy frecuente. 

¿Para quién es el negocio? 

Es un hecho que por cada peso que se embolsan los casinos la sociedad tiene que gastar seis por los efectos nocivos: bancarrotas, desfalcos, criminalidad asociada a la ludopatía (robos, fraudes, secuestros), terapias, procesos legales, atención de hijos abandonados y descuido criminal de las obligaciones familiares y sociales.
Por otra parte, no hay duda que los casinos y salas de apuesta permanentes “son el mecanismo ideal y más barato para lavar dinero procedente de actividades delictivas”, como se argumentó por la oposición en el Congreso durante la discusión de la iniciativa de 2004. 

Una cuestión matemática 

jugPara quienes acuden a los casinos pensando que ganarán, conviene recordarles que en los juegos de azar que se practican de forma reiterada, repetitiva y constante, es absolutamente seguro que perderán, pues la casa se reserva un número de posibilidades mucho mayores que los jugadores.
En los casinos, mientras más se juega, más seguro es que se pierda sin remedio. Es una cuestión matemática.
Y en efecto, si la inducción al error es la práctica de los casinos, al tener a su favor la Ley de las Probabilidades, manipulando sus aparatos y condiciones de juego, eso es un acto de mala fe, que puede ser sancionado legalmente porque está prohibido por nuestra Constitución. 

Los ganones 

Por lo demás, ningún discurso de la “liberalidad”, que se presenta como signo de una modernidad chafa y convenenciera, puede ocultar lo evidente: Con los casinos, quienes ganan son las mafias, las ilegales y las “legales”. Los escasos beneficios son de suyo relativos, colaterales y sin verdadero impacto en la economía y menos en el desarrollo nacional, en el sentido amplio y compartido que debe tener.
No vamos lejos por las evidencias: A fines del mes de mayo pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia de hechos ante la PGR en contra de un juez federal y tres secretarios de juzgado, con sede en Nuevo León, quienes habrían favorecido con sus decisiones a Juan José Rojas Cardona, llamado “Zar de los Casinos”.
En las cuentas bancarias de los acusados se detectaron recursos, que no coinciden con sus ingresos, por más de 14 millones y medio de pesos. Eso es apenas una muestra de lo que sucede. 

La ridícula “inspección” 

El mes pasado se informó que la Secretaría de Gobernación cuenta con apenas 60 inspectores para constatar la legalidad de miles de juegos y sorteos y ubicar a los establecimientos ilegales.
 Los datos más recientes, publicados en La Jornada, indican que en los casinos que operan en México el flujo de dinero, en 2012, fue de 56 mil millones de pesos. Las ganancias de los casinos en 2013, y lo que va de este año, se presumen cuantiosas y superiores a las del 2012.
Así las cosas, mientras la debida vigilancia, por lo menos, es a todas luces deficiente y hay notoria permisibilidad y complicidad de los gobiernos involucrados, las graves consecuencias económicas y sociales se agravan sin solución a la vista (cano.1979@live.com).

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