Sigue imperando la justicia por mano propia

Sigue imperando la justicia por mano propia

 

Atoran inercia y burocracia

nuevo sistema acusatoria

  

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN  Federal señala que “la justicia debe ser pronta y expedita”. Sin embargo, este postulado no es más que letra muerta ya que en la práctica este principio no se aplica, al menos en lo que toca en la procuración de justicia.

 

Con las reformas constitucionales al sistema de justicia penal del día 18 de junio de 2008, en lo referente a los juicios orales, uno de sus objetivos es el de modificar la forma de procurar justicia.
 Si por ese precepto entendemos “darle a cada quién lo que merece o corresponde”, nos damos cuenta que con este nuevo procedimiento, la procuración de justicia ni es pronta, ni expedita.
 En consecuencia, tampoco es justa, por la sencilla razón de que los agentes del Ministerio Público siguen haciendo dilación en las investigaciones con la consecuencia de que la impunidad sigue prevaleciendo a este nivel como imperaba en el anterior sistema inquisitivo, lo que hace que la ciudadanía sienta impotencia, coraje y desconfianza hacia sus instituciones encargadas de procurar justicia.
Trabajador sobrecargado.

Trabajador sobrecargado.

Con la implementación del sistema acusatorio adversarial se tenía la certeza que se abatiría el gran rezago de expedientes a nivel procuradurías, poniendo fin a bultos y bultos de archivos, verdaderas montañas de papel, evitando así, afectar principalmente a las víctimas en la interminable espera de la reparación del daño.
Sin embargo, este objetivo no ha sido alcanzado como se esperaba y sigue imperando la imagen de un Estado impotente e ineficaz y, ante esta realidad, los ciudadanos en muchas ocasiones hacen justicia por sus propias manos para defender su vida, patrimonio, etcétera.
Aunado a ello, sigue prevaleciendo la descortesía hacia las víctimas por parte del personal del Ministerio Público, sin dejar de mencionar la negligencia y falta de profesionalismo de algunos de ellos que hace que el gobernado se desilusione y abandone la cultura de la denuncia.
El regularse la etapa de investigación desformalizada sin detenido, la que se apertura con la noticia criminal o noticia criminis (denuncia o querella), y que al día de hoy carece de un término para su conclusión -más que el de la prescripción del delito en cuestión-,  permitirá que al fijarse un plazo para su desarrollo ponga fin a la impunidad que hasta hoy impera en los estados que no han implementado el Sistema Procesal Acusatorio, dado que el Ministerio Público tiene excesiva concentración de facultades en la etapa de Averiguación Previa y que algunos denominan el corazón de la impunidad, según nos dice  Guillermo Zepeda Lecuona en su obra intitulada La investigación y la subversión de los principios del subsistema penal en México.
De continuar sin fijarse un plazo para la conclusión de la etapa de investigación desformalizada sin detenido, se seguirán violando los principios fundamentales como son: El Derecho a la Defensa y a la Presunción de Inocencia, como así ocurre en el Sistema Inquisitivo que estamos por abandonar al adoptar el Sistema Procesal Acusatorio, como resultado de la reforma constitucional de fecha 18 de junio de 2008.
Establecido un término para la conclusión de la etapa de investigación desformalizada sin detenido, acelerará la etapa de investigación judicializada (formalizada) lo que traerá aparejado el ahorro de esfuerzo, tiempo y dinero para el Estado y, lo más importante, el respeto pleno de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos, como también de los imputados. Sólo así se logrará una procuración de justicia pronta y expedita que la sociedad clama y quiere verla cristalizada en el actuar de sus procuradurías generales de Justicia, algunas de ellas con el nuevo membrete de “Fiscalías Generales”, como es el caso reciente del Estado de Morelos.

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