RESONANCIAS El último crimen, en Sinaloa

RESONANCIAS El último crimen, en Sinaloa

 

No cesa el exterminio contra quienes se

oponen al saqueo de mineras extranjeras

 

 

 

APENAS EN NUESTRA PASADA EDICIÓN 318 (El destino manifiesto de México: ¿Nigeria?) insistimos en la denuncia del plan de exterminio indígena de las trasnacionales de la minería -particularmente las canadienses- para aniquilar toda resistencia al saqueo, y horas después se registró un enésimo asesinato en zona donde los campesinos mexicanos sufren la feroz persecución de las concesionarias extranjeras.

 

Esta vez tocó el turno al ex presidente del comisariado ejidal de Cajón de Cancio (municipio de Choix, Sinaloa), Ramón Corrales Vega, secuestrado por un comando armado el 22 de mayo, y encontrado ejecutado a balazos al día siguiente, después de que durante meses dirigió protestas contra la Minera Paradox Global Resource, que explota yacimientos de hierro en esa comunidad.
La minera, que inició sus operaciones en 2006, fue acusada de violar sistemáticamente los términos de un convenio con los campesinos que, a cambio de permitir la explotación -que le he generado al patrón 350 mil toneladas del mineral-, recibirían compensación en efectivo y obra pública. Durante esos años, la concesionaria acumuló una deuda de cinco millones de dólares.
Ramón Corrales Vega

Ramón Corrales Vega

Las quejas de los afectados fueron desoídas por las autoridades cómplices. Por el contrario, el gobernador del estado, Mario Mavola López Valdez soltó el verano pasado a sus mastines policiacos contra los manifestantes, que fueron sometidos a arresto masivo por el cual permanecen aún encarcelados 17 campesinos.
En amplios reportajes, Voces del Periodista documentó en 2013 la criminal acción depredadora de las compañías mineras protegidas por los gobiernos panistas, que han contratado sicarios del crimen organizado para secuestrar, desaparecer o matar a los opositores a la devastación de recursos naturales nacionales.
Uno de los crímenes que ha alcanzado resonancia internacional, es el cometido contra Mariano Abarca Robledo (municipio de Chocomuselo, Chiapas, 27-XI-2009). El gobierno canadiense -a través de su cancillería y la comandancia de la Policía Montada-, tiene amplio conocimiento de ese expediente, pero el asesinato sigue impune.
Ante la inacción del gobierno mexicano, los asesinatos de han repetido: En Oaxaca, el 15 de marzo de 2012, activistas de la Coordinadora de Pueblos Indígenas Unidos del Valle de Ocotlán, opositores a una filial de la canadiense Fortuna Silver (San José del Progreso), fueron emboscados. Mataron a Bernardo Vázquez Sánchez. Fueron heridos Andrés Vázquez Sánchez, hermano del ultimado, y Rosalinda Dionisio.
En Chihuahua (municipio de Buenaventura), la resistencia es contra la canadiense Mag Silver. El 22 de octubre de 2012, en una celada, fue ultimado el matrimonio formado por Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís. Y contando…
Lejos de proteger los legítimos derechos y la vida de los mexicanos, el Congreso de la Unión ha premiado la presencia de esos nuevos colonizadores: Con la reciente contrarreforma constitucional, hace partícipe a las mineras extranjeras del botín petrolero.

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