LAS VENAS ABIERTAS DE MÉXICO No se busque democracia en el diccionario de Ética

LAS VENAS ABIERTAS DE MÉXICO No se busque democracia  en el diccionario de Ética

 

Para decirlo pronto, el maese italiano Ezechia Marco Lombroso, alias Cesare Lombroso, médico y forense del siglo XIX -en uno de cuyos rasgos humanos se semeja a nuestro mártir chiapaneco Belisario Domínguez, por su opción por los campesinos pobres-, resultó para Europa padre de lo que en su época fue la criminalística moderna.

 

Cesare Lombroso.

Cesare Lombroso.

En los regímenes de “justicia” subdesarrollados -como el de México-, los fiscales y jueces de consigna tomaron de la escuela lombrosana sólo la fase más oscura y facilona: La estampa antropológica del justiciable.
Pero Lombroso incorporó a sus teorías otros elementos fundamentales: entorno geográfico, grado de civilización y cultura, educación, estatus socioeconómico y religioso.
Cuando en México se evalúa, no el régimen penal (casi “perfecto” en la letra), sino su administración, la conclusión más socorrida es que la ley se hizo contra los pobres y la “justicia” para los ricos. Todavía los cínicos invocan la perversa alegoría decimonónica: Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, justicia a secas.

La “clase política” en cámaras de TV

Todavía hace medio siglo en México -carente el sistema de investigación policiaca de los nuevos hallazgos tecnológicos de tortura y “persuasión”-, fotógrafos y caricaturistas de nota roja presentaban a sospechosos interrogados, sudorosos bajo lamparones de alto voltaje, cuyo efecto era suficiente para convencerlos de firmar su confesión. “Hasta del asesinato de Cristo”, decían los del humor negro.
De algunos meses para acá, en un canal televisivo metropolitano, un oculto inquisidor acomoda a sus aparentemente indefensos invitados -no los acompaña un abogado-, en un banquillo,  descarga sobre su rostro un potente reflector y los somete a un interrogatorio sumario y capcioso que no permite más de veinte segundos para cada respuesta.
El denominador común de esos interrogados compulsivamente, es que pertenecen a la alta burocracia partidista, legisladora y administrativa, particularmente del ámbito federal. Entre esa alta burocracia partidista, se incluye a dirigentes sindicales o de otras organizaciones sociales. Bien trajeados y encorbatados los varones; con exquisitos modelos de marca importados, las damas. A pesar de ello, sus imágenes se editan acentuando sus rasgos lombrosanos primarios.

Los delincuentes de cuello blanco

Como lo indicamos líneas antes, Lombroso estableció sus teorías con base en experiencias de observación sobre presuntos delincuentes comunes o habituales. Valían lo mismo en estos casos los ingredientes culturales y socioeconómicos.
En las últimas décadas, sin embargo, casualmente con la aclimatación del neoliberalismo tecnocrático, en México aparecieron dos nuevas categorías: Los yuppies, se gratifican en autodenominarse, y lo que la sociología, más la codificación penal, tipifica como delincuentes de cuello blanco.
En la galería de invitados a la barra televisiva que caracterizamos antes, aparecen algunos que el Ministerio Público ha puesto después en manos de los tribunales judiciales y -siguiendo la categoría coloquial- pueden ser puestos bajo el genérico “delincuentes de cuello blanco”.
Hace poco más de una década, la respetable política priista María de los Ángeles Moreno -al denunciar los resultados de una elección para designar dirigentes nacionales del PRI (Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo Morales), afirmó que se trató de una mendaz operación de delincuencia organizada. Gordillo ahora está en prisión, y una imputación de los fiscales en su contra configura ese delito.

Memoria de un foro internacional en Palermo

No por mero accidente, en Palermo (Sicilia, cuna de la mafia), en 2000 se reunieron en foro de reflexión y resolución delegaciones de diversos países -México entre ellos-, en donde se instituyó el concepto criminal Delincuencia Organizada. La ONU lo adoptó y lo incorporó a sus resoluciones.
Durante el gobierno del panista Felipe Calderón, se llevó al Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma de la Justicia Penal. Hacia 2008-2009, se aprobó, promulgó y publicó la Ley de Delincuencia Organizada. El constitucionalista priista y después consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Sergio García Ramírez bautizó el monstruoso engendro jurídico como El bebé de Rosemary.
En la demencial guerra narca de Calderón (el inefable egresado de la Escuela Libre de Derecho), sus fiscales federales sirvieron a los jueces un indigesto guisado, en cuya receta metieron en indivisibles raciones Delincuencia Organizada y Crimen Organizado. Para efectos penales, parecen lo mismo; pero no lo son.

Michoacanazos I y II

Aiga sido, como aiga sido, el panista Calderón asestó a su tierra nativa el afamado Michoacanazo. Fueron vestidos de jaula funcionarios administrativos, legisladores y alcaldes, acusados de vínculos con los cárteles de la droga. Conviene el subrayado: Los últimos indiciados, emanados de elección popular. Los jueces de la causa hicieron polvo el objetivo mediático buscado por el michoacano ex presidente.
Dictadura togada con pensión hasta la tumba.

Dictadura togada con pensión hasta la tumba.

Hoy tenemos a la vista el Michoacanazo II. Nuevamente, están cayendo tras las rejas funcionarios públicos; uno de ellos suplente transitorio de gobernador surgido de las urnas constitucionales, y presidentes municipales, del mismo origen legal. Los jueces de la causa tienen la última palabra.
Michoacán, sin embargo, no es excepción: Ahora, en tiempo previo a cada elección, en diversos estados de la República la primera escandalosa acusación que se cruza entre los contendientes son imputaciones al contrario sobre presuntos nexos con formaciones criminales.
A mayor abundamiento -precandidatos o candidatos a la Presidencia de México o a gobernador acribillados en plena campaña, aparte-, asociaciones de presidentes municipales denuncian alarmadas los frecuentes y recientes asesinatos de más de medio centenar de alcaldes y amenazas a cientos de ellos en funciones. Diputados locales o federales no escapan a ese sino fatal.
La gran cuestión es la siguiente: Funcionarios de la administración pública por designación, jefes de Ejecutivo, legisladores o presidentes municipales, que han caído a la fosa o a los reclusorios son, a fin de cuentas, servidores de Estado. Es, pues, el Estado, el sujeto del desafío criminal.

¿Cómo pasan las aduanas legales y de la Ética?

La misma gata, nomás que clonada.

La misma gata, nomás que clonada.

En el caso específico de candidatos a las gobernaciones, a las legislaturas locales o federales y a las alcaldías -con independencia de si fueron ejecutados o están presos- pasaron por el tamiz de los filtros electorales de sus propios partidos, y por la criba de los órganos constitucionales  que administran los procesos comiciales; en casos de impugnación, por fallo inatacable de los tribunales electorales estatales o del Poder Judicial de la Federación.
En el caso de los órganos electorales federales, la Constitución establece que sus consejeros y magistrados han de ceñirse, en cuanto ejercen una función de Estado, a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Se colige que en los estados federados, distritos y municipios, los órganos correspondientes están obligados por los mismos principios que, por encima del texto legal, son fundamento del ejercicio y observancia de la Ética, con mayúscula.
En cada escala de los procesos electorales -federal, estatal o municipal-, esos funcionarios, que pasan por la sanción del Poder Legislativo respectivo para su nombramiento, ¿aprueban el registro de candidaturas y dictaminan los triunfos con base en aquellos principios cardinales que establece la Constitución?
Manlio escucha a la virgen.

Manlio escucha a la virgen.

La doctrina beltroniana de selección

Recientemente, haciendo derroche de ¿simpatía?, el legislador  federal priista Manlio Fabio Beltrones Rivera, reputado como Tata mandón de la Cámara de Diputados, en el procedimiento para designar a consejeros al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) se votó la puntada de afirmar que la Cámara baja, con facultad exclusiva para ese efecto, no puede buscar consejeros “electopuros, exentándolos de facto de satisfacer los imperativos de independencia, legalidad e imparcialidad. La idoneidad es valor menor que el de un comino.
Si tal es el perverso e ilegítimo origen de las autoridades electorales, ¿quién puede llamarse a sorprendido por la calidad de las candidaturas que entran a la puja constitucional por los puestos de elección popular? ¿Quién ha de extrañarse de que el destino manifiesto de muchos trepadores políticos sea la tumba o el patíbulo?

El dinero no tiene olor

La Reforma Constitucional electorera, en su fase de legislación secundaria, fue sometida en el Senado -todavía hasta el cuarto para las 12-, al para nada gratuito toma y daca de los cacicazgos parlamentarios. Es de subrayarse que uno de los temas del atorón de última hora fue el asunto del financiamiento privado a las campañas electorales.
De la Pérfida Albión, viene aquello de que el que paga la gaita, marca el compás… A “la mexicana”, se dice que con dinero baila el perro.
Por las venas abiertas de México, corren caudalosos ríos de billete verde mal habido en busca de blanqueo. Y las abuelas se persignaban al afirmar que, En arca abierta/ hasta el justo peca. No se le busquen, pues, más explicaciones al estado de ingobernabilidad que vive México.
Cuando un Estado cae -dice la vieja medicina filosófica española-, no es necesaria autopsia: Murió por suicidio. Es cuanto.

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