Gregorio Jiménez, una víctima más del exterminio periodístico

Gregorio Jiménez, una víctima más del exterminio periodístico

REGISTRO FUNERAL: 85 PERIODISTAS ASESINADOS entre 2000 a 2013. (Comisión Nacional de Derechos Humanos). 47 periodistas muertos, ocho desaparecidos y 172 bajo amenaza, sólo entre 2008 y 2012, años de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. (PEN International.)

DOS REPORTES, los anteriores, que complementan y dan continuidad al seguimiento que, por su lado, ha llevado sistemáticamente el Club de Periodistas de México, A. C. a partir del asesinato del columnista Manuel Buendía Téllegirón, el 30 de mayo de 1984.

Veracruz, el estado más peligroso de México 

El caso más reciente: Secuestro y asesinato del reportero y corresponsal en Coatzacoalcos, Veracruz, de Notisur y Liberal del Sur, Gregorio Jiménez de la Cruz, levantado frente a su vivienda familiar la mañana del pasado 5 de febrero. Su cuerpo fue encontrado cinco días después en Las Choapas, en una fosa en la que se hallaron otros dos cadáveres.

Se imputa el crimen a la tabernera Teresa de Jesús Hernández Cruz, quien presumiblemente contrataría a cuatro sicarios para plagiar y privar de la vida a Jiménez de la Cruz.

En el marco de ese escándalo, renunció el segundo procurador de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, Felipe Amador Flores. Diez días después, fue cesada la vocera del gobierno del estado, Gina Domínguez Colo.

Durante el gobierno de Duarte de Ochoa, iniciado en diciembre de 2010 -en el que despachó como presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información, Luis Ángel Bravo Contreras- han sido ejecutados 10 periodistas. La organización Article 19 califica a Veracruz como el estado más peligroso de México para el ejercicio de la libertad de prensa. Casualmente, Bravo Contreras fue nombrado nuevo procurador en lugar de Amador Flores.

El pasado 23 de febrero, al pie de la columna al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, se convocaron cientos de periodistas y representantes de organizaciones civiles solidarias para protestar contra el incesante exterminio de colegas y atentados contra  el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión.

Constante de esas frecuentes manifestaciones, es la denuncia de la impunidad, y de la ineficacia de Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República.

El vía crucis de Sandra Quiroz 

En efecto, la Feadle -ahora a cargo de Laura Ángela Barbosa Moreno- no ha respondido a las expectativas de su creación. La mayor parte de las averiguaciones iniciadas son tratadas con desconocimiento jurídico, indolencia, relajo e ineptitud. Sólo excepcionalmente se hacen consignaciones a juzgados y, cuando se hacen, son recusada o sobreseídas por ineficiencia e insuficiencia de elementos de prueba.

Precisamente, en el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, esa reprobable conducta fue confirmada. Asumido el caso de oficio, se designó como agente del ministerio público a Sandra Quiroz Hernández, cuando del asunto -como delito del fuero común-, ya había tomado nota el director de Investigaciones Ministeriales de   la PGJV, Enoc Maldonado, quien llegó a sugerir, sin embargo, la atracción del caso por la PGR.

Adentrada en las indagatorias bajo el principio de coadyuvancia,  Quiroz Hernández -quien acusa a funcionarios de la Feadle de acoso laboral y sexual- fue sometida a un trato irrespetuoso e irresponsable de parte de sus superiores, que pretendieron obligarla a inmiscuirse en las diligencias sin ofrecerle siquiera el apoyo de servicios periciales, y aun expusieron su integridad personal al negarle la protección necesaria cuando las pesquisas condujeron a la eventual participación en el crimen de individuos presuntamente relacionados con Los Zetas, cuestión que ameritaría al menos un desglose a la PGR en materia de delincuencia organizada.

Las protestas de Quiroz Hernández por ese arbitrario trato, tuvieron como respuesta la exigencia de su renuncia y, al negarla, fue avisada de su inminente cese.

En esas manos queda, ya no la protección al ejercicio periodístico, sino la justicia para las víctimas de la represión.

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